Women's Rights Situation in Honduras After the Coup

1 SITUACION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN EL
MARCO DEL GOLPE DE ESTADO
FEMINISTAS EN RESISTENCIA es una coalición integrada por organizaciones
feministas y feministas independientes. Esta agrupación nace desde el mismo día
del golpe de Estado. El 28 de junio muchas mujeres se trasladaron a la casa
presidencial a protestar por el golpe. Inmediatamente surge la articulación entre las
organizaciones feministas y empiezan a autollamarse FEMINISTAS EN RESISTENCIA.
Luego, se suman al Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado.
Las Feministas en resistencia se han caracterizado por mantener presencia permanente
desde el 28 de junio en todas las acciones de la resistencia, pero además de forma
individual (como feministas) impulsando actividades como plantones, marchas y otras
muchas acciones de denuncia, tanto frente a autoridades nacionales como instancias
internacionales.
I. Represión y violación a los derechos humanos de las mujeres
• Desde el golpe, ha habido más de 100 manifestaciones, casi todas ellas disueltas
por las fuerzas de seguridad al servicio del gobierno de facto. En algunas ha habido
más violencia que en otras, dependiendo del hecho generador de la manifestación.
Se estima que desde el golpe se han producido entre 4,000 y 6,000 detenciones
ilegales. Solo en los primeros 15 días hubo alrededor de 1000.
• A pesar del carácter pacífico de las manifestaciones, es un hecho que la policía y el
ejército han reprimido con más violencia a las mujeres, en la medida en que hemos
tenido un rol más evidente dentro de la resistencia. La represión ejercida contra las
mujeres tiene la característica que va dirigida hacia nuestro cuerpo sexuado, hacia
nuestra condición de mujeres, hacia nuestra feminidad. Feministas en resistencia y
el Observatorio de Transgresión y resistencia feminista, junto a otras organizaciones
de derechos humanos hemos registrado más de 400 casos de violaciones a los
derechos humanos de las mujeres, de los que solo se han procesado para
desagregar la información, 240 testimonios, entendiéndose que esta es una
muestra de una población de mujeres mucho mayor que esta siendo afectada
en sus derechos por las represiones del gobierno de facto.
• Entre las principales agresiones a las mujeres encontramos: golpes contundentes
con toletes, agresión física (patadas, golpes) insultos y abuso sexual, además de
ataques con gas toxico, que han dejado como producto dos mujeres muertas debido
a las complicaciones causadas por este gas: Wendy Avila y Olga Osiris Ucles. A
estas dos muertes se suman las de 9 personas de la población LGBT (Vicky
Hernández Castillo, Fabio Zamora, Valeria Uclés, Héctor Maradiaga, Michelle
Torres, Salomé Miranda, Saira Salmerón, Marión Lanza, Montserrat Maradiaga),
muertes después del Golpe de Estado con armas de fuego, algunas de ellas con
señales de tortura. En dos de los casos los forenses se negaron a realizar la
autopsia correspondiente (Vicky Hernández Castillo, Valeria Uclés).
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• En el marco de la represión sobresale la violencia sexual contra las mujeres por los
policías y militares que atacan con golpes e insultos partes de nuestros cuerpos que
nos identifican, como las caderas, busto, vulva y nalgas. Esto lo afirmamos porque
existen 23 casos de los 240 registrados, donde las mujeres manifestaron en sus
declaraciones haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina,
insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas). De estos
23 casos tenemos siete de violaciones sexuales, ocurridas en las ciudades de
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones
sexuales tienen el común denominador de ser violaciones múltiples, ejecutadas por
efectivos de la Policía nacional, son utilizadas como castigo a las mujeres por salir a
manifestarse y podemos decir que son actos premeditados ya que las mujeres
denuncian que en las violaciones, los policías llevan condones. Las mujeres victimas
de estas violaciones han ocurrido sido aprehendidas por la Policía después de las
manifestaciones pacíficas o durante el toque de queda. De estos siete casos, solo
una mujer ha presentado su denuncia formal, ante las autoridades competentes
(Irma Villanueva), las otras victimas han presentado sus denuncias ante
organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlos ante la Fiscalía de la
Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos.
• Creemos que estos casos de violación sexual no son los únicos, pero las mujeres
expresan que no hacen la denuncia por tres razones: 1) porque tienen miedo de
interponer la denuncia que necesariamente pasa por la investigación policial, es
decir por el mismo cuerpo represivo que las ha violentado, 2) se ha exacerbado la
desconfianza del sistema de justicia en el país y por ende de encontrar una
respuesta efectiva 3) porque denuncian el hecho y la policía se niega a tomarles la
denuncia Por otro lado el aumento, durante el Gobierno de facto ha habido un
aumento de los femicidios como una clara muestra de la violencia contra las mujeres
y la impunidad que son la constante en este régimen de facto: De acuerdo a El
informe “Muerte de mujeres por violencia intencional 2008” del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 312 mujeres murieron en forma
violenta entre enero y diciembre del 2008 en el país (un promedio de 26 femicidios).
Hasta marzo de este año era de (16 por mes) Según fuentes de la Fiscalía de la
Mujer hasta octubre se reportaban 325 femicidios (un promedio de 31 femicidios por
mes), destacándose que solo en el mes de julio hubo 51 femicidios.
• Respecto a cifras relacionadas con violencia domestica y violencia intrafamiliar, la
Fiscalía de la Mujer reporta una disminución en el numero de denuncias, después
del 28 de junio. En su criterio los toques de queda han provocado que haya poca
afluencia de denunciantes en los centros policiales. No obstante a partir de
entrevistas a varias mujeres agregaríamos a esta hipótesis, que las mujeres han
desistido de recurrir a la policía para presentar sus denuncias por la desconfianza
hacia esta entidad, en virtud de que tras el golpe de estado se ha convertido en el
principal ente represor responsable de graves violaciones a la libertad física y a la
libertad individual. De acuerdo a esta Fiscali_a Especial de la Mujer, solo en
Tegucigalpa, en junio se recibieron 675 denuncias por violencia doméstica y 278 por
violencia intrafamiliar; mientras que en julio se recibieron 561 y 268,
respectivamente.
• Es importante señalar que tras la llegada del presidente Zelaya a Honduras (21 de
septiembre) y por la aprobación del Decreto de Cese de las Garantías individuales,
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las manifestaciones pacificas se han traslado de las calles a los barrios y colonias.
Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto ha desplegado toda su
fuerza militar y ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera,
bombas lacrimógenas, gas pimienta, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de
madera con clavos con los que golpean a las y los manifestantes; bajo la excusa
que el uso de la fuerza y la violencia es necesaria para prevenir actos violentos y
“vandálicos”.
• Esta represión en los barrios ha afectado especialmente a las mujeres, porque ellas
han tenido que salir huyendo con sus hijos, incluso de sus propias casas para
salvaguardarse, toda vez que el ejército y la policía irrumpen violentamente en las
viviendas. La particularidad de estas agresiones es que son realizadas en redadas
nocturnas, por conjuntos de cinco o más patrullas policiales, que en muchos casos
permanecen vigilando las viviendas, dejando a las mujeres “sitiadas”, sin libertad de
movilización. Esta situación agrava el nivel de indefensión y vulnerabilidad.
• Abogadas feministas y defensoras de derechos humanos han participado en la
presentación de diversos recursos de amparo. Hay 12 mujeres acusadas de
sedición, algunas bajo el decreto PCM-16-2009 del 22 de septiembre del presente
año que restringe las garantías constitucionales, todas actualmente con medidas
sustitutivas. 92 Mujeres tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, que no se
han implementado. En total se han presentado 42 recursos de amparo desde el
golpe de Estado, presentados entre el 29 de junio y el mes de octubre, también se
han presentado 10 recursos de inconstitucionalidad entre julio y septiembre de este
año, 26 recursos de habeas corpus entre el 28 de junio a agosto de este año. Pero
ningún recurso ha sido efectivo, ya sea por que han sido declarados inadmisibles,
por que la Corte Suprema se ha declarado incompetente para conocerlo o porque
están en trámite.
• Por otro lado queremos denunciar la persecución y vigilancia de mujeres defensoras
de derechos humanos, feministas y organizaciones de mujeres por parte de las
fuerzas policiales y militares. Entre las organizaciones que han denunciado esta
vigilancia se encuentran la asociación de Mujeres Socialistas “Lolas”, el Centro de
Estudios de la Mujer-CEMH y el Centro de Desarrollo Social, CESADEH.
II. Ataques a la institucionalidad de los derechos de las mujeres
• La situación particular de las mujeres, de acuerdo a las situaciones denunciadas, se
agrava cuando hay un contexto más general de retroceso en la protección de los
derechos de las mujeres, como el que se produjo después del 28 de junio. Si aun
antes del golpe de estado el panorama era difícil; después del golpe de estado los
avances logrados a favor de las mujeres se ven en serio peligro, ya que ha
aumentado la precariedad y falta de independencia de las instituciones públicas;
sobre todo, las que tienen como fin el trabajo con y para las mujeres.
• Desde hace mas de dos décadas, y producto de los esfuerzos y del trabajo de las
organizaciones feministas y de mujeres, se había logrado la aprobación de un
conjunto de políticas publicas con equidad de género, en las que se definen las
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directrices y las líneas de acción del trabajo del estado. Una de las últimas políticas
aprobadas es el II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015, cuyo
contenido fue resultado de un proceso consensuado de dos años entre el estado y
el movimiento feminista y de mujeres de Honduras. Este proceso fue liderado y
coordinado por el Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Pero después del golpe no
se ha continuado con la operativización de estas políticas, debido a que se han
recortado los fondos de la cooperación, y el estado no ha destinado partidas
presupuestarias para su ejecución.
• Las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer u OMM que se han
manifestado en contra del golpe han sido objeto de persecución política y despidos.
Tenemos evidencia de 6 casos de este tipo. Las Oficinas Municipales de la Mujer,
que son parte de la estructura del Instituto Nacional de la Mujer, fueron creadas para
lograr la implementación de las políticas públicas en las ciudades más pequeñas y
las áreas rurales. Se había logrado que sus coordinadoras fueran electas en
procesos participativos como los cabildos abiertos, lo que había permitido garantizar
su independencia y autonomía frente a las autoridades municipales. Todo este
proceso, que ha contribuido a la construcción de una sociedad más democrática y
participativa para las mujeres, se pierde con el golpe de estado.
• La Fiscalía de la Mujer ha perdido credibilidad y reconocimiento social, al igual que
las demás instituciones del sector justicia, por lo que las mujeres no se atreven a
denunciar los actos de violencia en su contra, con lo que se pone en peligro sus
vidas e integridad. Sin duda, el aumento de los femicidios en el país es resultado de
la falta de intervención y atención de la Fiscali_a, el Poder Judicial y la Policía ante
los casos de violencia contra las mujeres.
• La institucionalidad creada al interior del Ministerio Público y la Secretaría de
Seguridad, como las Unidades de Femicidios o Muertes Violentas de Mujeres, no
están cumpliendo con su función de velar por el cumplimiento de las leyes y de
vigilar las actuaciones de sus funcionarias y funcionarios. Esto lo podemos
comprobar con el hecho que desde junio han dejado de producir estadísticas sobre
la incidencia de la violencia contra las mujeres en la país y sobre las denuncias y
casos que reciben.
• Con el golpe de estado, los avances legales que habíamos logrado las mujeres
después de muchos años de lucha se ven en un grave peligro. La prohibición del
uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante
Acuerdo Ejecutivo de la Secretaría de Salud de 29 de junio de 2009 (día siguiente al
golpe de estado), bajo el argumento que son abortivas y por lo tanto violan el
derecho a la vida establecido en la constitución, es una muestra de cómo la clase
política ultraconservadora, coludida con grupos religiosos fundamentalistas, se ha
unido para revertir los cambios sociales y legales logrados a favor de los derechos
conquistados por las mujeres. Antes del golpe, el gobierno de Manuel Zelaya había
vetado otra propuesta de Ley presentada el 1 de abril ante el Congreso Nacional
presidido en aquel entonces por Roberto Michelleti, para prohibir las PAE. El uso y
distribución de las PAE fue aprobado en Honduras desde 1992, y constituye una de
las conquistas más importantes del movimiento feminista hondureño.
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• Todos estos retrocesos en las leyes, políticas públicas e instituciones tienen
consecuencias directas en la vida de las mujeres. El debilitamiento de las instancias
encargadas de implementar las políticas públicas no permite que los esfuerzos
realizados por las organizaciones feministas y de mujeres, y que los recursos
invertidos por la cooperación internacional durante tantos años se reflejen en un
cambio en las sustantivo condiciones de las mujeres.
• La mala actuación y pérdida de legitimidad de las instituciones del sector justicia,
como la Fiscali_a, el Poder Judicial, la Policía y el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, ha creado un clima de indefensión para las mujeres, ya que no
tienen instancias a las que acudir para denunciar los actos de violencia en su contra
y prevenir consecuencias mayores, como los femicidios. La ilegalidad e
inaplicabilidad de las leyes, que se ha evidenciado después del golpe de estado, ha
hecho que aumente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social y
política, y que estén expuestas a los abusos de la autoridad y la policía, como queda
en evidencia en los casos de violaciones sexuales perpetrados por policía, que
hemos prestando ante esta Comisión.